La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, ha impulsado significativamente la contratación pública socialmente responsable. El sistema de contratación pública que establece esta nueva regulación contempla, entre otras cuestiones, la incorporación transversal y preceptiva de criterios sociales, la reserva de un porcentaje mínimo de determinadas actividades a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción o la prohibición de contratar con el sector público a empresas de más de 50 empleados que no cumplan con cuota legal del 2% de personas con discapacidad en sus plantillas.